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Mi artículo de opinión publicado por Los Angeles Times

Mi artículo de opinión publicado por Los Angeles Times

Mi artículo de opinión publicado por Los Angeles Times 2560 1920 Gianfranco De Girolamo

Uno de los días que más me enorgullecen en mi vida fue el 16 de diciembre de 2015, cuando me convertí en ciudadano naturalizado de los Estados Unidos.

Derramé lágrimas de alegría mientras juraba lealtad a los Estados Unidos en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, junto con otros más de 3.000 estadounidenses nuevos. Estaba celebrando un país que me había recibido con los brazos abiertos, me había tratado como uno de los suyos y me abrió puertas que no sabía que existían. Solo unos años antes, en el remoto pueblo del sur de Italia donde crecí, esto habría sido inimaginable.

Otro de mis momentos de mayor orgullo llegó justo un año después, cuando me concedieron un muy disputado puesto en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto ocurrió a finales de noviembre de 2016, unas semanas después de la elección del presidente Trump.

Como muchos, tenía mis reservas sobre Trump. Pero no vacilé en mi entusiasmo por el puesto. En la facultad de Derecho había aprendido sobre el papel de los funcionarios públicos como empleados gubernamentales apolíticos que trabajan a través de las administraciones, sirviendo fiel, leal y diligentemente a los Estados Unidos bajo el mando de ambos, republicanos y demócratas.

Fui designado abogado asesor y asignado al tribunal de inmigración de Los Ángeles. Allí ayudé a los jueces de inmigración con investigaciones jurídicas, di mi punto de vista sobre las fortalezas y debilidades de los argumentos de las partes, y a menudo escribí los primeros borradores de las opiniones de los jueces.

Muy pronto, sin embargo, el trabajo cambió. En marzo de 2018, James McHenry, el funcionario del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración como jefe de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, anunció un mandato que imponía cuotas individuales a todos los jueces. Dijo que cada juez tendría que decidir 700 casos al año.

Con estas nuevas cuotas, que entraron en vigor el 1 de octubre, los jueces de inmigración deberán decidir entre tres y cuatro casos al día -mientras que diariamente revisan docenas de mociones y se mantienen actualizados respecto a sus obligaciones administrativas- o sus puestos de trabajo estarán en peligro.

El anuncio de las cuotas en marzo fue el primero de una serie de ataques desmoralizantes contra los jueces de inmigración este año. En mayo, el Fiscal General Jeff Sessions, quien ya fue despedido por Trump, emitió personalmente una decisión que ponía límites a la capacidad de los jueces de inmigración para utilizar una práctica conocida como cierre administrativo, que permite a los jueces poner los casos en espera indefinida y que, en casos de inmigración, puede ser una herramienta para retrasar las órdenes de deportación.

El Departamento de Justicia aplicó la decisión en julio despojando a un juez de inmigración de Filadelfia de su autoridad en varios casos por seguir utilizando el cierre administrativo.

Todo ello se sumó a un torrente de comentarios denigrantes realizados directamente por el presidente. En junio, Trump tuiteó que no hay razón para proporcionar jueces a los inmigrantes. También rechazó los llamamientos a contratar más jueces de inmigración, diciendo que “necesitamos tener una frontera real, no jueces” y preguntando retóricamente: “¿Quién es esta gente?”.

El efecto desmoralizante sobre los jueces de inmigración era palpable. La moral estaba por los suelos. Yo era nuevo en la administración pública, pero estos jueces, algunos de los cuales han servido de forma continua desde la administración Reagan, dejaron en claro que se trataba de un ataque sin precedentes al sistema de justicia.

Desde hace mucho tiempo he admirado la independencia y la legitimidad con la que cuenta el poder judicial en los Estados Unidos, por eso los ataques a los jueces me parecieron profundamente inquietantes y preocupantes. Me recordaron al alter-ego italiano de Trump, Silvio Berlusconi, que pasó la mayor parte de su mandato como primer ministro de Italia luchando contra las demandas deslegitimando y atacando al poder judicial, llamándolo “un cáncer de la democracia” y acusando a los jueces de ser comunistas.

Expresé mis preocupaciones a mis supervisores y directamente al director McHenry en una carta. Al no ver ninguna oportunidad de marcar una diferencia positiva y no estar dispuesto a seguir dando crédito a este sistema comprometido, presenté mi renuncia en julio, explicando mis razones en una carta.

No era la manera en que quería terminar mi carrera en el gobierno. Esperaba servir a este país durante mucho tiempo. Pero no podía quedarme al margen ni ser cómplice de una campaña mezquina y sin escrúpulos para sabotear el trabajo diario del Departamento de Justicia y de los jueces que prestan servicio en nuestros tribunales de inmigración, una campaña que perjudica a muchos de mis conciudadanos inmigrantes en el proceso.

Gianfranco De Girolamo fue abogado del Departamento de Justicia de 2017 a 2018.

https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-girolamo-immigration-judges-20181126-story.html

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Gianfranco De Girolamo

I immigrated and became a naturalized United States citizen myself. I personally experienced the process, the fears, the worries, the what-ifs. Having walked the immigration walk myself, I am well-versed in all aspects of U.S. immigration law.

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